La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, abrió un nuevo frente político en México. Apenas unas semanas después de obtener su registro como partido político nacional, Somos México salió en defensa del exmandatario y calificó la actuación de la Fiscalía General de la República como una maniobra con fines políticos.
La FGR detuvo a Ruffo Appel por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal. Sin embargo, la organización política rechazó las acusaciones y exigió su liberación inmediata, al asegurar que el proceso busca desviar la atención de otros casos que afectan al actual Gobierno.
La postura de Somos México ante el caso
Ernesto Ruffo Appel se integró al Consejo Consultivo de la organización en febrero de 2026, cuando el movimiento aún era conocido como La Marea Rosa. El exgobernador explicó entonces que decidió colaborar como ciudadano porque consideraba que el PAN había cerrado espacios para nuevas expresiones ciudadanas, aunque aclaró que nunca renunció a su militancia.
Tras conocerse su detención, el partido sostuvo que la empresa Ingemar, relacionada con la investigación, cuenta con registros y avales ante Aduanas, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Energía. Además, afirmó que la Fiscalía, encabezada por Ernestina Godoy, actuó contra Ruffo mientras ignora otros presuntos casos de fraude fiscal y corrupción.
El partido acusa un uso político de la justicia
En su posicionamiento público, la organización sostuvo que el arresto pretende distraer la atención de otros escándalos nacionales. También señaló que existen investigaciones sobre funcionarios y gobernadores vinculados con Morena, entre ellos Rubén Rocha Moya, a quienes acusó de recibir un trato distinto por parte de las autoridades.
Mientras la investigación continúa, el caso coloca bajo escrutinio tanto a la Fiscalía como al nuevo partido político. La resolución del proceso podría convertirse en una de las primeras pruebas para Somos México, que obtuvo su registro nacional ante el Instituto Nacional Electoral el 25 de junio de 2026 y ahora enfrenta su primer conflicto de alto impacto en la vida pública del país.
