La aparición de la gobernadora Maru Campos y del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, en un mural de la Torre Centinela abrió cuestionamientos sobre la promoción de funcionarios dentro de una obra financiada con recursos públicos.
El mural fue instalado en el acceso al complejo recién inaugurado en Ciudad Juárez. La obra representa elementos relacionados con identidad, territorio y seguridad, entre ellos población rarámuri, agentes de los grupos K9 y SWAT, aeronaves y símbolos de la Policía Estatal.
Torre Centinela genera críticas por imágenes de funcionarios
Dentro de esa composición también aparecen Campos y Loya. Los cuestionamientos calificaron su inclusión como un posible “culto a la personalidad” y contrastaron esas imágenes con los problemas de seguridad que todavía enfrenta Chihuahua.
Las críticas aumentaron después del ataque armado contra un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en la zona de Coyame-Ojinaga. Un elemento resultó lesionado durante la agresión.
Los señalamientos sostienen que existe una diferencia entre la narrativa institucional representada en el mural y las condiciones que enfrentan los policías durante sus operaciones.
Cuestionan prioridades y exigen resultados en seguridad
También surgieron reclamos para destinar mayores recursos a equipamiento, prestaciones y mejores condiciones laborales para los agentes, además de fortalecer prevención y oportunidades para jóvenes.
Otro punto cuestionado fue concentrar una estrategia de seguridad de alto costo en Ciudad Juárez. Las críticas señalaron necesidades pendientes de inversión en transporte e infraestructura educativa y rechazaron discursos que presenten a la torre como respuesta suficiente para la ciudad.
Los cuestionamientos también recuerdan que Campos y Loya plantearon anteriormente un plazo para observar resultados de la estrategia. Por ello, el funcionamiento del complejo quedará sujeto a evaluaciones sobre sus efectos reales en seguridad.
La controversia coloca ahora el mural dentro de un debate más amplio sobre promoción gubernamental, prioridades presupuestales y resultados, mientras autoridades estatales deberán demostrar el impacto operativo de la infraestructura inaugurada.
